Brufau advierte que la expropiación de YPF "no quedará impune" y exigirá una demanda de US$ 10 mil millones
El presidente de Repsol criticó severamente la decisión de Cristina Kirchner de expropiar la petrolera y afirmó que pedirá un arbitraje internacional para resolver el conflicto; "Es una forma de tapar la crisis social y económica de la Argentina", aseguró
MADRID.- El presidente de la compañía española Repsol, Antonio Brufau, criticó esta mañana la decisión de Cristina Kirchner de expropiar YPF y aseguró que la jefa de Estado tomó la medida "para tapar la crisis social y económica de la Argentina". Además, aseguró que demandará al país por más de 10 mil millones de dólares.
En una conferencia de prensa que se prolongó durante más de una hora en Madrid, el titular de la petrolera española -que aún posee el 57,43% del capital de YPF- calificó de "ilegítima e injustificable" la medida de la Casa Rosada, que desde ayerintervino la compañía y envió un proyecto de ley para que el Estado se haga del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petroliferos Fiscales.
"Lamentablemente la Presidenta realizó un acto ilegítimo e injustificable desde lo jurídico, que vino precedido de una campaña de hostigamiento [...] planificado para lograr el derrumbe del precio de la acción de YPF y lograr la expropiación a precio de saldo", aseguró el empresario, que señaló que hasta el momento no tuvo comunicación con la mandataria.
"[Cristina] no nos ha querido escuchar, al igual que no ha querido escuchar al gobierno español", afirmó Brufau, y agregó: "No pudimos comunicarnos con ella ni intercambiar puntos de vista".
El empresario también lanzó duras críticas sobre el accionar de un grupo de funcionarios argentinos, encabezados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que ayer por la tarde se presentó en las oficinas de YPF en el barrio porteño de Puerto Madero para intervenirla."Esto no es propio de un país moderno, no se lo merece la Argentina", expresó el español.
"Queremos expresar nuestro respeto a las instituciones argentinas, muchas de ellas no estan pasando por su mejor momento", dijo Brufau poco después de las cuatro y media de la madrugada (hora argentina).
La Presidenta realizó un acto ilegítimo e injustificable desde lo jurídico, que vino precedido de una campaña de hostigamiento
En repetidas ocasiones durante su discurso, señaló el "desconcierto" de la empresa petrolera por lo repentino de la decisión argentina. De hecho, Brufau estuvo en Buenos Aires durante el pasado fin de semana y hasta se reunió con De Vido. "Hay que hablar y no imponer ni discursear", había expresado el domingo antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza.
"Esta campaña, iniciada a fin de enero, contrasta con las muestras de afecto institucional mostrado por la jefatura del Estado argentino hacia Repsol-YPF", dijo ayer Brufau, y agregó: " Estos actos no quedarán impunes [...] vamos a llevar a cabo todas, todas aquellas acciones legales a nuestro alcance y pienso que muchos accionistas también lo harán".
En la conferencia, el titular del grupo petrolero anunció que pedirá mediante arbitraje internacional una compensación monetario que deberá "ser al menos igual" al valor de su participación de 57,4 por ciento en YPF. Brufau cotizó esa cifra en 10.500 millones de dólares.
En este sentido, dijo que solicitará a través del arbitraje internacional ante el CIADI -institución del Banco Mundial- "una compensación pronta, adecuada y efectiva incluyendo la compensación de daños por las acciones expropiadas".
"Alguien me tiene que explicar qué ha pasado. Soy el administrado, y el administrador me debe respeto; que me expliquen por qué era la mejor compañía y ahora es la peor", fue una de las frases finales del empresario español. "Que el pueblo argentino se convenza de que esta no es la mejor forma de enfrentar las crisis", concluyó.
Repsol había mostrado una primera reacción ayer, cuando envió una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, en la que calificó la medida de Cristina Kirchner de "ilícita y gravemente discriminatoria". "No se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".
Esto no es propio de un país moderno, no se lo merece la Argentina
Según la nota, el Grupo Repsol tiene una participación del 57,43% en el capital de YPF, con un valor contable en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 de 4.122 millones de euros. La nota precisa también que Repsol mantiene un préstamo con el Grupo Petersen -de la familia Eskenazi- por 1.542 millones de euros.
Para Repsol, YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del Grupo y un 21% del resultado neto. Durante ese ejercicio, las inversiones de explotación de YPF supusieron el 33,7% de las totales de Repsol.
La postura de Repsol tuvo ayer eco inmediato en el gobierno que conduce Mariano Rajoy. "La decisión del gobierno argentino es una medida hostil, arbitraria, penaliza a empresas españolas y a pequeños accionistas, rompe el principio de seguridad jurídica y carece de precedentes en las naciones que forman parte de nuestro entorno", dijo el canciller español José Manuel García Margallo.
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