Hablo/escribo con la impunidad que da la noche demorada del día del censo y el silencio masticado de muchas horas sin querer hablar en caliente de lo que (nos) pasó ayer. No conocí a Kirchner: lo voté y lo iba a volver a votar si se presentaba el año que viene. Me parece que era –con todas las diferencias e incomodidades que uno, que no está en la política, tiene– lo mejor para el país real, el país de las opciones concretas. Así que, con permiso y todo el dolorido respeto, voy a ser incorrecto. Sincero, quiero decir.
Me acuerdo del primer chiste malévolo que escuché sobre Kirchner, cuando crecía, antes de ser presidente y ya se asomaba Cristina a su lado: “¿Sabés cómo le dicen a Kirchner? Ciervo embalsamado. Porque es cornudo y con un ojo de vidrio”. No sé si este chiste basura es conocido, si circuló. Supongo que sí. Resulta ejemplar para recortar ideología y estatura moral de quienes lo pergeñaron. Imperfecta, como todas las falsas atribuciones de apodo sustentadas en comparaciones de ese tipo, la referencia tenía la perversa eficacia de trabajar sobre el sentido común machista de la mina vistosa e inteligente al lado de un flaco feo –virola, para colmo– y con una pinta de loser que mataba. Un sujeto que era –marketineramente, digamos, perdonando la palabra– absolutamente impresentable. Y lo notable, ejemplar, festejable hasta hoy incluso, con la lástima y el dolor al día, es que ese supuesto impresentable y la mina que lo acompañaba los abrocharon. Largamente. Y cómo.
Me acuerdo cuando los radicales le arreglaron hace (¿veinte?) años los dientes al pobre Casella para una elección que perdió; me acuerdo –en los noventa– de los afeites, el gato ineficaz y la avispa del Turco perverso. La moraleja es tan obvia que da hasta pudor explicitarla: saludablemente, acá todavía no siempre gana el marketing. Ni los medios. Me acuerdo, hace unas semanas nomás, de Kirchner metido en la pilcha de El Eternauta en los afiches callejeros después de zafar de una anterior a ésta en que no zafó. Qué bárbaro... Narigón irremediable como el mismísimo Oesterheld, que también ha sido enfundado en su momento por Solano en el traje de Juan Salvo, el Néstor (o lo que generaba en la gente joven su liderazgo) primereaba una vez más a la lentejísima oposición y se apropiaba con toda justicia de un ícono ejemplar del siglo.
Vuelvo ahora a lo que fue la previa a las elecciones de 2003, con el padrino Duhalde buscando quien agarrara la candidatura, con Lole & Co. (una vez más) sacándoles el cuerpo a las responsabilidades, con un país en la lona y sin futuro, una papa caliente sin nada que ordeñar... El impresentable debe haber sido el tercero en la lista de los posibles contrincantes del Turco con la misma devaluada camiseta. Y allá fue. A propósito: ¿Alguien se acuerda de que Menem ganó, fue primera minoría con casi un cuarto de los votos en esa elección a la que renunció a la hora del ballottage? Memoria, plis: este flaco muerto todavía tibio arrimó apenas algo más del veinte por ciento de los votos –segundo, cómodo–, con el nefasto abanico de López Murphy, Rodríguez Saá y Carrió detrás, todos parejitos. Con ese capital electoral miserable –el ilegítimo Illia, cuarenta años antes, juntó lo mismo que el Turco, pero no había segunda vuelta entonces–, con ese misérrimo porcentaje, digo, que además “era-de-Duhalde”, construyó a contrapelo de expectativas y pronósticos agoreros de ser un dócil Chirolita, su propio proyecto político, que es lo más parecido a lo que veníamos esperando desde el regreso a la democracia. Y lo hizo desde la carencia, pero con una vocación de poder y capacidad de construir que hoy, los alcahuetes y/o los cínicos enemigos del proyecto que encarnó y encarna, atribuyen (ecuánimemente) a sus respetables cualidades de “animal político”.
Y es cierto. Pero Kirchner no sólo ha sabido hacer política mejor que los otros en esos términos pragmáticos (acumular fuerzas, aislar al adversario, pegar primero, tomar siempre la iniciativa), sino que la ha hecho con una dirección y un sentido genuinos, porque siempre sentimos, incluso cuando no lo acompañamos, que creía en la política –no como los economistas tecnócratas del liberalismo o los empresarios colados, que sólo creen en la lógica de la empresa o los números de los balances–, que creía en y hacía política como instrumento de cambio, como medio de acceder al gobierno para poder modificar las relaciones con el poder fáctico, y no para servirlo.
Pero yo no quería hablar de eso. Quería hablar de su magnífica condición impresentable. Y terminar con tres rasgos que cualquier imbécil asesor de imagen o de verso equivalente despreciaría: las biromes berretas con que firmaba decretos y rubricaba acuerdos; el traje cruzado fuera de moda y oportunidad, siempre; la tendencia –memorable, desde el primer día, a la salida del Congreso– a zambullirse entre la gente, sacado, regalado.
La verdad, digan lo que digan, Kirchner ha sido un regalo. Generoso, cursi, incómodo, como un velero hecho de caracoles de mar puesto sobre la repisa de la patria. Uno piensa que es para tirar y resulta imprescindible, verdadero, necesario.
The Dublin subsidiary, which employs almost 2,000 people and sells advertising across Europe, the Middle East and Africa, has more than tripled its workforce since 2006 and is credited with almost 90 percent of Google’s overseas sales, which totaled $12.5 billion in 2008. Photographer: Paul McErlane/Bloomberg
Oct. 21 (Bloomberg) -- Google Inc. cut its taxes by $3.1 billion in the last three years using a technique that moves most of its foreign profits through Ireland and the Netherlands to Bermuda. Google’s income shifting helped reduce its overseas tax rate to 2.4 percent, the lowest of the top five U.S. technology companies by market capitalization. Bloomberg's Melissa Long reports. (Source: Bloomberg)
The Google Inc. European headquarters Dublin. Photographer: Paul McErlane/Bloomberg
The Google Inc. European headquarters are seen in Barrow Street, Dublin. Photographer: Paul McErlane/Bloomberg
Pedestrians walk past the offices of the Conyers, Dill & Pearman law firm in Clarendon House located on Church Street in Hamilton, Bermuda. Photographer: Mark Tatem/Bloomberg
Google Inc. cut its taxes by $3.1 billion in the last three years using a technique that moves most of its foreign profits through Ireland and the Netherlands to Bermuda.
Google’s income shifting -- involving strategies known to lawyers as the “Double Irish” and the “Dutch Sandwich” -- helped reduce its overseas tax rate to 2.4 percent, the lowest of the top five U.S. technology companies by market capitalization, according to regulatory filings in six countries.
“It’s remarkable that Google’s effective rate is that low,” said Martin A. Sullivan, a tax economist who formerly worked for the U.S. Treasury Department. “We know this company operates throughout the world mostly in high-tax countries where the average corporate rate is well over 20 percent.”
The U.S. corporate income-tax rate is 35 percent. In the U.K., Google’s second-biggest market by revenue, it’s 28 percent.
Google, the owner of the world’s most popular search engine, uses a strategy that has gained favor among such companies as Facebook Inc. and Microsoft Corp. The method takes advantage of Irish tax law to legally shuttle profits into and out of subsidiaries there, largely escaping the country’s 12.5 percent income tax. (See an interactive graphic on Google’s tax strategy here.)
The earnings wind up in island havens that levy no corporate income taxes at all. Companies that use the Double Irish arrangement avoid taxes at home and abroad as the U.S. government struggles to close a projected $1.4 trillion budget gap and European Union countries face a collective projected deficit of 868 billion euros.
Countless Companies
Google, the third-largest U.S. technology company by market capitalization, hasn’t been accused of breaking tax laws. “Google’s practices are very similar to those at countless other global companies operating across a wide range of industries,” said Jane Penner, a spokeswoman for the Mountain View, California-based company. Penner declined to address the particulars of its tax strategies.
Facebook, the world’s biggest social network, is preparing a structure similar to Google’s that will send earnings from Ireland to the Cayman Islands, according to the company’s filings in Ireland and the Caymans and to a person familiar with its plans. A spokesman for the Palo Alto, California-based company declined to comment.
Transfer Pricing
The tactics of Google and Facebook depend on “transfer pricing,” paper transactions among corporate subsidiaries that allow for allocating income to tax havens while attributing expenses to higher-tax countries. Such income shifting costs the U.S. government as much as $60 billion in annual revenue, according to Kimberly A. Clausing, an economics professor at Reed College in Portland, Oregon.
U.S. Representative Dave Camp of Michigan, the ranking Republican on the House Ways and Means Committee, and other politicians say the 35 percent U.S. statutory rate is too high relative to foreign countries. International income-shifting, which helped cut Google’s overall effective tax rate to 22.2 percent last year, shows one way that loopholes undermine that top U.S. rate.
Two thousand U.S. companies paid a median effective cash rate of 28.3 percent in federal, state and foreign income taxes in a 2005 study by academics at the University of Michigan and the University of North Carolina. The combined national-local statutory rate is 34.4 percent in France, 30.2 percent in Germany and 39.5 percent in Japan, according to the Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development.
The Double Irish
As a strategy for limiting taxes, the Double Irish method is “very common at the moment, particularly with companies with intellectual property,” said Richard Murphy, director of U.K.- based Tax Research LLP. Murphy, who has worked on similar transactions, estimates that hundreds of multinationals use some version of the method.
The high corporate tax rate in the U.S. motivates companies to move activities and related income to lower-tax countries, said Irving H. Plotkin, a senior managing director at PricewaterhouseCoopers LLP’s national tax practice in Boston. He delivered a presentation in Washington, D.C. this year titled “Transfer Pricing is Not a Four Letter Word.”
“A company’s obligation to its shareholders is to try to minimize its taxes and all costs, but to do so legally,” Plotkin said in an interview.
Boosting Earnings
Google’s transfer pricing contributed to international tax benefits that boosted its earnings by 26 percent last year, company filings show. Based on a rough analysis, if the company paid taxes at the 35 percent rate on all its earnings, its share price might be reduced by about $100, said Clayton Moran, an analyst at Benchmark Co. in Boca Raton, Florida. He recommends buying Google stock, which closed yesterday at $607.98.
The company, which tells employees “don’t be evil” in its code of conduct, has cut its effective tax rate abroad more than its peers in the technology sector: Apple Inc., the maker of the iPhone; Microsoft, the largest software company; International Business Machines Corp., the biggest computer-services provider; and Oracle Corp., the second-biggest software company. Those companies reported rates that ranged between 4.5 percent and 25.8 percent for 2007 through 2009.
Google is “flying a banner of doing no evil, and then they’re perpetrating evil under our noses,” said Abraham J. Briloff, a professor emeritus of accounting at Baruch College in New York who has examined Google’s tax disclosures.
“Who is it that paid for the underlying concept on which they built these billions of dollars of revenues?” Briloff said. “It was paid for by the United States citizenry.”
Taxpayer Funding
The U.S. National Science Foundation funded the mid-1990s research at Stanford University that helped lead to Google’s creation. Taxpayers also paid for a scholarship for the company’s cofounder, Sergey Brin, while he worked on that research. Google now has a stock market value of $194.2 billion.
Google’s annual reports from 2007 to 2009 ascribe a cumulative $3.1 billion tax savings to the “foreign rate differential.” Such entries typically describe how much tax U.S. companies save from profits earned overseas.
In February, the Obama administration proposed measures to curb shifting profits offshore, part of a package intended to raise $12 billion a year over the coming decade. While the key proposals largely haven’t advanced in Congress, the IRS said in April it would devote additional agents and lawyers to focus on five large transfer pricing arrangements.
Arm’s Length
Income shifting commonly begins when companies like Google sell or license the foreign rights to intellectual property developed in the U.S. to a subsidiary in a low-tax country. That means foreign profits based on the technology get attributed to the offshore unit, not the parent. Under U.S. tax rules, subsidiaries must pay “arm’s length” prices for the rights -- or the amount an unrelated company would.
Because the payments contribute to taxable income, the parent company has an incentive to set them as low as possible. Cutting the foreign subsidiary’s expenses effectively shifts profits overseas.
After three years of negotiations, Google received approval from the IRS in 2006 for its transfer pricing arrangement, according to filings with the Securities and Exchange Commission.
The IRS gave its consent in a secret pact known as an advanced pricing agreement. Google wouldn’t discuss the price set under the arrangement, which licensed the rights to its search and advertising technology and other intangible property for Europe, the Middle East and Africa to a unit called Google Ireland Holdings, according to a person familiar with the matter.
Dublin Office
That licensee in turn owns Google Ireland Limited, which employs almost 2,000 people in a silvery glass office building in central Dublin, a block from the city’s Grand Canal. The Dublin subsidiary sells advertising globally and was credited by Google with 88 percent of its $12.5 billion in non-U.S. sales in 2009.
Allocating the revenue to Ireland helps Google avoid income taxes in the U.S., where most of its technology was developed. The arrangement also reduces the company’s liabilities in relatively high-tax European countries where many of its customers are located.
The profits don’t stay with the Dublin subsidiary, which reported pretax income of less than 1 percent of sales in 2008, according to Irish records. That’s largely because it paid $5.4 billion in royalties to Google Ireland Holdings, which has its “effective centre of management” in Bermuda, according to company filings.
Law Firm Directors
This Bermuda-managed entity is owned by a pair of Google subsidiaries that list as their directors two attorneys and a manager at Conyers Dill & Pearman, a Hamilton, Bermuda law firm.
Tax planners call such an arrangement a Double Irish because it relies on two Irish companies. One pays royalties to use intellectual property, generating expenses that reduce Irish taxable income. The second collects the royalties in a tax haven like Bermuda, avoiding Irish taxes.
To steer clear of an Irish withholding tax, payments from Google’s Dublin unit don’t go directly to Bermuda. A brief detour to the Netherlands avoids that liability, because Irish tax law exempts certain royalties to companies in other EU- member nations. The fees first go to a Dutch unit, Google Netherlands Holdings B.V., which pays out about 99.8 percent of what it collects to the Bermuda entity, company filings show. The Amsterdam-based subsidiary lists no employees.
The Dutch Sandwich
Inserting the Netherlands stopover between two other units gives rise to the “Dutch Sandwich” nickname.
“The sandwich leaves no tax behind to taste,” said Murphy of Tax Research LLP.
Microsoft, based in Redmond, Washington, has also used a Double Irish structure, according to company filings overseas. Forest Laboratories Inc., maker of the antidepressant Lexapro, does as well, Bloomberg News reported in May. The New York-based drug manufacturer claims that most of its profits are earned overseas even though its sales are almost entirely in the U.S. Forest later disclosed that its transfer pricing was being audited by the IRS.
Since the 1960s, Ireland has pursued a strategy of offering tax incentives to attract multinationals. A lesser-appreciated aspect of Ireland’s appeal is that it allows companies to shift income out of the country with minimal tax consequences, said Jim Stewart, a senior lecturer in finance at Trinity College’s school of business in Dublin.
Getting Profits Out
“You accumulate profits within Ireland, but then you get them out of the country relatively easily,” Stewart said. “And you do it by using Bermuda.”
Eoin Dorgan, a spokesman for the Irish Department of Finance, declined to comment on Google’s strategies specifically. “Ireland always seeks to ensure that the profits charged in Ireland fully reflect the functions, assets and risks located here by multinational groups,” he said.
Once Google’s non-U.S. profits hit Bermuda, they become difficult to track. The subsidiary managed there changed its legal form of organization in 2006 to become a so-called unlimited liability company. Under Irish rules, that means it’s not required to disclose such financial information as income statements or balance sheets.
“Sticking an unlimited company in the group structure has become more common in Ireland, largely to prevent disclosure,” Stewart said.
Deferred Indefinitely
Technically, multinationals that shift profits overseas are deferring U.S. income taxes, not avoiding them permanently. The deferral lasts until companies decide to bring the earnings back to the U.S. In practice, they rarely repatriate significant portions, thus avoiding the taxes indefinitely, said Michelle Hanlon, an accounting professor at the Massachusetts Institute of Technology.
U.S. policy makers, meanwhile, have taken halting steps to address concerns about transfer pricing. In 2009, the Treasury Department proposed levying taxes on certain payments between U.S. companies’ foreign subsidiaries.
Treasury officials, who estimated the policy change would raise $86.5 billion in new revenue over the next decade, dropped it after Congress and Treasury were lobbied by companies, including manufacturing and media conglomerate General Electric Co., health-product maker Johnson & Johnson and coffee giant Starbucks Corp., according to federal disclosures compiled by the non-profit Center for Responsive Politics.
Administration Concerned
While the administration “remains concerned” about potential abuses, officials decided “to defer consideration of how to reform those rules until they can be studied more broadly,” said Sandra Salstrom, a Treasury spokeswoman. The White House still proposes to tax excessive profits of offshore subsidiaries as a curb on income shifting, she said.
The rules for transfer pricing should be replaced with a system that allocates profits among countries the way most U.S. states with a corporate income tax do -- based on such aspects as sales or number of employees in each jurisdiction, said Reuven S. Avi-Yonah, director of the international tax program at the University of Michigan Law School.
“The system is broken and I think it needs to be scrapped,” said Avi-Yonah, also a special counsel at law firm Steptoe & Johnson LLP in Washington D.C. “Companies are getting away with murder.”
To contact the reporter on this story: Jesse Drucker in New York at jdrucker4@bloomberg.net.
To contact the editor responsible for this story: Gary Putka at gputka@bloomberg.net.
Berlín, 25 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó en el libro de oro de visitas de la Presidencia germana con una cita del antiguo himno alemán considerada nazi y que ha sido omitida del actual himno oficial.
El rotativo alemán "Süddeusche Zeitung" revela hoy que con motivo del desayuno con Christian Wulff el pasado sábado, con el que cerraba su visita a Alemania y su gira europea, Piñera se empeñó en escribir en el libro de visitas la frase "Deutschland über alles" (Alemania sobre todo), con la que comenzaba el viejo himno germano.
"¿Über alles?, ¿verdad?", cita el diario a Piñera al preguntar al embajador de Chile, Jorge O'Ryan Schütz, al parecer ingenuamente, sobre la polémica frase, que el diplomático se ocupó de deletrearle.
Añade que el máximo mandatario alemán, que estaba a su lado, siguió la conversación entre Piñera y su embajador con asombro y embarazo, pero no pudo detener a su homólogo cuando escribía.
El rotativo destaca que la Presidencia alemana reaccionó diplomáticamente ante el incidente, subrayó que Piñera solo quiso expresar algo positivo y señaló que el tema fue tratado posteriormente de manera discreta con el embajador chileno.
Fuentes presidenciales comentaron que la hoja con la embarazosa frase y firma de Piñera será eliminada del libro de visitas y que se ha solicitado al presidente chileno que escriba otro saludo para sustituir a la primera. EFE
Lo dio a conocer el sitio Wikileaks, que publicó casi 400 mil documentos secretos sobre la guerra en Irak. Es el 63% del total de víctimas fatales. Según los informes, las autoridades de EE.UU. se negaron a investigar cientos de denuncias de abusos, torturas y asesinatos.
EN LA MIRA. "Sólo quiero que se sepa la verdad sobre Irak", dijo el jefe de Wikileaks. (AP)
Tal como lo había prometido, Wikileaks publicó 391.832 documentos secretos sobre la guerra de Irak, en desafío al Pentágono, que ha insistido en que esta clase de filtraciones pone en riesgo la vida de los soldados estadounidenses y de sus aliados.
Lo que podría considerarse como la mayor fuga de información secreta en la historia de Estados Unidos, comprende documentos que van desde principios de 2004 hasta el primero de enero de 2010.
Algunos de los datos que más sobresalen es que entre 2003 y 2009, la guerra en Irak provocó la muerte de 109.000 personas, el 63% de ellas, civiles.
Así mismo, la página de Wikileaks revela que las autoridades estadounidenses no investigaron cientos de informes que denunciaban abusos, torturas, violaciones y hasta asesinatos perpetrados por la Policía y el Ejército iraquí, aliados de las fuerzas internacionales que invadieron el país.
A diferencia del caso anterior en que WIKILEAKS divulgó unos 77.000 documentos sobre las guerras en Afganistán e Irak, esta vez el sitio publicó nombres. La fuerza de tareas informó al Comando Central de Estados Unidos cuáles son los nombres de iraquíes y otros que podrían causar riesgos de seguridad si se conocieran, dijeron funcionarios.
Aunque el Pentágono no ha confirmado la autenticidad de los documentos presentados por el sitio web, dispuso de más de un centenar de analistas de Estados Unidos para revisar el material. Claro esta que el gobierno estadounidense nunca ha desmentido los documentos filtrados por este sitio.
Wikileaks, el sitio de Internet dirigido por Julian Assange, describe tiroteos en retenes militares, contratistas que abren fuego contra iraquíes y abusos brutales contra prisioneros mediante agua hirviente, metales al rojo vivo, choques eléctricos y mangueras.
Un grupo que lleva el recuento de los muertos en la guerra señaló que los archivos documentan también 15.000 decesos que no se habían reportado.
Un detenido iraquí afirma que tuvo "los ojos vendados y fue golpeado con un cable por la policía iraquí dos noches consecutivas" cerca de Ramadi en 2008.
Otro cuenta su traslado a un cuartel general militar iraquí después de ser detenido en su domicilio el año pasado: "las manos atadas a la espalda, en posición forzada (...) y le golpearon las plantas de los pies con un objeto".
Los documentos se pueden consultar en la web de la organización http://warlogs.WIKILEAKS.org/. "Esto constituye el primer vistazo de verdad de la historia secreta de la guerra que el Gobierno norteamericano ha ocultado siempre", señala el sitio.
Cómo funciona Wikileaks
Las publicaciones de Wikileaks provocaron una verdadera conmoción. Sus datos se multiplican en prestigiosos medios como The New York Times (EE.UU.), The Guardian (Gran Bretaña) o Der Spiegel (Alemania).
La página, que no tiene publicidad ni recibe ayuda pública, logró incomodar para varios gobiernos. Entre los temas más urticantes que destapó fueron una lista completa de los integrantes de un partido político xenófobo en Reino Unido, el ataque indiscriminado del Ejército de EE.UU. contra un periodista de la agencia Reuters y, ahora, los papeles que revelan muertes de civiles y el doble juego de Pakistán en la lucha contra los talibanes.
Wikileaks (leaks, filtraciones) fue creada en 2006 por periodistas y activistas sociales. Funciona como una especie de contenido de informes. Los usuarios tienen la posibilidad de alojar anónimamente, mediante una conexión cifrada, textos, audios o videos confidenciales. El sitio se encarga luego de verificar la autenticidad de ese material y lo publica.
Uno de los responsables del sitio, Daniel Schmitt, contó a El País de España que hay cinco voluntarios a tiempo completo y entre 800 y 1000 colaboradores (técnicos, programadores, abogados y periodistas). Se mantiene con donaciones y entre los aportantes está el diario The Guardian.
EL PAIS › EL ASESINATO DE BARRACAS Y SUS CONSECUENCIAS POLITICAS
La sociedad tiene poca tolerancia hacia la muerte joven por razones políticas y por eso todos buscaron endilgarle la responsabilidad a su adversario. Pero la celeridad de la investigación judicial descolocó esas operaciones. No hay expresión de deseos capaz de resucitar los combates del pasado, en un presente muy distinto, así como no son admisibles el fraude y la prepotencia en la CTA. Pedraza y el sindicalismo empresario y su contraste con la actual conducción de la CGT.
Por Horacio Verbitsky
El asesinato de Mariano Ferreyra por matones de la Unión Ferroviaria está llamado a tener profundas consecuencias porque el umbral de tolerancia de la sociedad argentina a la muerte joven por razones políticas o gremiales es muy bajo, sin distinción de partidos o tendencias. Tal aversión obedece tanto a hechos históricos (como los enfrentamientos entre fracciones internas peronistas entre 1973 y 1975 y los crímenes del Estado Terrorista a partir de 1976) cuanto recientes (los 38 asesinatos policiales con que se despidió el último gobierno de la UCR, las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense de Felipe Solá, que obligaron a que el ex senador Eduardo Duhalde acortara su interinato al frente del Poder Ejecutivo, y el disparo de una granada de gases a la cabeza del maestro Carlos Fuentealba por la policía de Jorge Sobisch en Neuquén). Atentos a esa sensibilidad colectiva, los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK adoptaron como uno de los rasgos centrales de su identidad la decisión de no reprimir la protesta en el espacio público, que los diferencia de todas las administraciones precedentes y de las ofertas electorales de quienes aspiran a sustituirlos. En 2004, incluso, Kirchner despidió al jefe de la Policía Federal, al secretario de Seguridad Interior y al ministro de Justicia y Seguridad porque resistieron la directiva de que el personal policial dejara de portar armas letales ante manifestaciones. En ese contexto era inevitable que el crimen de Barracas, en el que debe analizarse por qué las policías federal y bonaerense no impidieron la agresión, pasara a ocupar el centro de la disputa política y sindical. La tragedia sucedió apenas una semana después del imponente acto de River Plate, en el que Hugo Moyano comprometió su apoyo electoral a Néstor o Cristina y descalificó al gobernador bonaerense Daniel Scioli, y de la decisión de la Coordinadora Interpatronal de boicotear la ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución, que dispone la participación de los trabajadores “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La fiscal Cristina Caamaño tomó declaraciones durante toda la noche del jueves y el viernes la jueza Susana López ordenó allanamientos y detenciones que esclarecerían por completo lo sucedido.
La batalla por la interpretación
Con una coherencia admirable los diarios y los políticos opositores señalaron una presunta responsabilidad del gobierno, con títulos como “cosecha de sangre desde el poder” o “Instrucciones para armar un polvorín”, y referencias a los “discursos incendiarios” de “los Kirchner” que “crisparon al país fomentando antagonismos”, a “la alianza del kirchnerismo con la CGT de Hugo Moyano” y al país que cayó “en manos de la mafia sindical”. Tan ostensible mistificación sólo se sostiene desde el prejuicio clasista contra los feos, sucios y malos. En 2003, el sindicato de camioneros tenía 65.960 afiliados, hoy son l07.6l8. Esto no refleja sólo el crecimiento de la economía y del transporte por ruta, sino también el reencuadramiento de trabajadores que estaban afiliados a otros gremios, como la Federación de Comercio y Servicios. El pase a Camioneros implicó una mejora salarial sustantiva: de 2.566 a 4.l35 pesos mensuales en el gremio de los Moyano, con jubilación a los 55 años y semana laboral de 44 horas. Todo lo contrario ocurre con los tercerizados por las empresas ferroviarias, con la complicidad abierta de José Pedraza: las cooperativas truchas que los emplean, en varias de las cuales participan familiares de dirigentes del gremio, les pagan no más de 2.500 pesos mensuales, cuando un ferroviario legal no cobra menos del doble. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Tampoco es pertinente la comparación del despeje de vías cortadas, que la Unión Ferroviaria admitió haber realizado en forma conjunta con la empresa y la policía, con las asambleas de camioneros en la puerta de los grandes diarios o siderúrgicas para reclamar que se terminara con la precarización laboral de parte de sus trabajadores. Esos conflictos concluyeron en cuanto Clarín, La Nación y Siderar legalizaron la situación de esa parte del personal. ¿Es necesario precisar la diferencia entre una medida de fuerza sindical contra grandes empresas y el asesinato alevoso de trabajadores y/o militantes políticos que los acompañan?
Antagonismo o confluencia
Algunos trabajadores tercerizados del Roca consultaron el año pasado su situación con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien presentó junto con el judicial Julio Piumato un proyecto de ley que modificaría los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo para acentuar la responsabilidad de las empresas principales, como ya declaró en varios casos la justicia. Esos proyectos tienen dictamen de comisión, por lo que podrían tratarse en la Cámara de Diputados la semana próxima. Desde la izquierda se ha insinuado alguna responsabilidad de la presidente CFK, por haber lucido durante el acto en River una camiseta de la Juventud Sindical, como si los infelices antagonismos de hace 35 años, que constituyeron el más trágico de-sencuentro en las filas populares, debieran repetirse hoy. La realidad no procede de ese modo. Militantes de la Juventud Sindical han participado en las últimas movilizaciones por los Derechos Humanos y su secretario general, Facundo Moyano, participó de una visita a la ex ESMA junto con el hijo de Enrique Juárez, ex secretario general de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), detenido-desaparecido desde diciembre de 1976. Es comprensible que los Biolcati, los Méndez y sus tribunas de doctrina prefieran la repetición de aquellos combates y no las luchas que hoy libran muchos trabajadores por mejorar sus salarios y democratizar la representación sindical, ya sea desde la CGT o desde la CTA, a las que también les gustaría ver enfrentadas. La anulación de los comicios de la CTA en diez provincias dispuesta por el tribunal arbitral que acordaron las dos listas, al constatar graves irregularidades en perjuicio del actual secretario general Hugo Yasky, muestra que la limpieza en los procedimientos y el respeto por la voluntad de los trabajadores no son un sueño imposible, que no es fatal que prevalezcan la prepotencia y el fraude, aunque se adornen con los colores ideológicos más estridentes. Falsear los resultados es repudiable, lo hagan Guillermo Moreno o Pablo Micheli. Era inverosímil que quienes apuestan a reducir la central alternativa a un micropartido de izquierda como hay tantos, marginándose del debate crucial sobre profundización del proceso de cambio iniciado en 2003 o regresión a los años del neoliberalismo, hubieran vencido en buena ley a la conducción que puso a la CTA en el mapa político y social del país, como actor valioso en la pugna con los poderes fácticos que detestan la democracia porque limita su imperio.
Una trayectoria
Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, que en 1968 se sumó a la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ese gobierno desconoció el Congreso Normalizador de la CGT pretextando que habían participado gremios sin su cuota al día, dada la intervención estatal y el alto número de trabajadores despedidos. Surgieron así la CGT Azopardo, conducida entre bastidores por el metalúrgico, Augusto T. Vandor, y la CGT de los Argentinos, cuyos principales líderes eran Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de esta CGTA rebelde. Allí conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación “¿Quién mató a Rosendo?”, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común: esa es la verdadera esencia del acuerdo celebrado por el vandorismo con las federaciones industriales. Para llevarlo a la práctica, el gremio se convierte en aparato. Todos sus recursos, económicos y políticos, creados para enfrentar a la patronal, se vuelven contra los trabajadores. La violencia que se ejercía hacia afuera, ahora se ejerce hacia adentro. Al principio el aparato es la simple patota, formada en parte por elementos desclasados de la Resistencia, en parte por delincuentes. A medida que las alianzas se perfeccionan, a medida que el vandorismo se expande a todo el campo gremial y disputa la hegemonía política, el aparato es todo: se confunde con el régimen, es la CGT y la federación patronal, los jefes de policía y el secretario de trabajo, los jueces cómplices y el periodismo elogioso”. Walsh contabiliza el resultado: la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en apenas tres años para que las empresas metalúrgicas pudieran “producir más con menos operarios”. Lo ilustra con los índices de productividad, que crecieron 50 por ciento entre 1950 y 1961.
Cuarenta años después
Han pasado más de cuarenta años y con ellos otra dictadura y un gobierno electo por el voto popular que perfeccionó aquello que iniciaron los de facto. Pero aunque muchas otras cosas hayan cambiado, aquellas páginas no perdieron su potencia descriptiva. Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. El entonces vicepresidente Duhalde controlaba, a través de su asesor Mario Masciotra, el departamento Explotaciones e Inmuebles Colaterales de Ferrocarriles. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, que Menem impuso bajo la amable consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas y obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones.
Los pesados
Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la de-socupación. Peor fue el siguiente proceso electoral, en 1996. Uno de los líderes celestes, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez se presentaron en el galpón de la Lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios y ex copiloto en competencias de rally de Menem y de su hijo. Vergez le explicó a Nelson Castro que habían ido por encargo del jefe de seguridad de Pedraza, aunque negó haber apretado a De Nápoli. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. El juez federal Norberto Oyarbide allanó la sede de la Unión Ferroviaria, donde personal de la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini.
Durante el interinato presidencial de Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del periodo de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento, criterio que ni los gremios del transporte ni la OIT admiten. La actual viceministra de Trabajo Noemí Rial asesoraba a Pedraza en la disputa electoral. Héctor Recalde y el actual secretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, a la oposición proscripta. ¿Será por eso que Ruiz y no Rial intervino en la negociación con los trabajadores tercerizados por la UGOFE, en catorce cooperativas en las cuales tiene fuerte participación el propio Pedraza?
Morir por Pedraza
Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo [de Pedraza]. Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas y el valor de la cuota se incrementó. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. Por la recusación de Pedraza a un juez, la causa rebotó de cámara en cámara sin ser elevada nunca a juicio oral, hasta que en mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant) dictaron la nulidad de todo lo dispuesto con la firma del juez recusado y la prescripción de la causa. Como se ve, el trayecto de la bala que mató a Mariano comenzó antes de que él naciera y contó con una extensa cadena de complicidades.
Los 5.200 ingenieros que se reciben por año en las universidades de la Argentina no alcanzan para satisfacer la demanda laboral, que exige casi el doble de profesionales para desarrollar proyectos en diversas áreas.
Esa cifra representa “entre el 10 y 15 por ciento” de todos los graduados en educación superior y significa “ un mal porcentaje ” en términos de crecimiento, según explicó Luis Vaca Arenaza, presidente del Capítulo Formación de Ingenieros para el Desarrollo Sustentable (FIDS) del Congreso Mundial de Ingeniería 2010.
“No podemos decirles a todos que vengan a estudiar Ingeniería pero podemos sembrar para después cosechar y, para eso, tenemos que mejorar las formaciones inicial y media. Se trata de buscar métodos de generación de vocaciones tempranas”, asegura Vaca Arenaza.
Según el presidente de FIDS, “hay muchas disciplinas que conducen a la Ingeniería como la Matemática, que hay que mejorar, fortalecer y modernizar.
También aquellos que tienen afinidad por la música pueden ser brillantes ingenieros ”.
Otro de los motivos del bajo porcentaje de graduados es el temprano arribo al mundo laboral que conduce a los jóvenes a acceder a salarios altos, acelerar ciertas etapas de la vida (como comprarse un auto, un departamento o casarse) y no terminar los estudios, analiza Daniel Morano, Vicepresidente del Capítulo. “Cuando están por alcanzar un ascenso, vuelven a la universidad”, advierte.
Según Morano, quien también es Coordinador del Programa de Calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, cada año ingresan aproximadamente 31.000 alumnos y hay otros 25.000 que adeudan menos de siete materias en las 380 carreras que ofrecen las casas de altos estudios de todo el país.
Además, como también se requieren técnicos, y la reforma educativa de la década del noventa condujo al cierre de las escuelas de oficios, los alumnos de 2º y 3º año de la universidad son absorbidos por las empresas y ya no vuelven a estudiar, explicó el funcionario.
Durante el Congreso también se analizaron cuáles son los principios éticos básicos que deben tener los profesionales en la actualidad, teniendo en cuenta que la ingeniería “es una de las profesiones que más transformaciones produce en la naturaleza”.
Entre las características mencionadas se encuentran, por un lado, el sostenimiento de la excelencia académica y de la rentabilidad económica y, por el otro, la generación de conciencia y respeto por el medioambiente, la ecología, los recursos y la diversidad cultural en consonancia con los objetivos del milenio planteados por la UNESCO. “No puede haber un ingeniero que no sepa esto”, concluyó Vaca Arenaza.
LA PAZ (Reuters) - El presidente boliviano Evo Morales promulgó el viernes una ley antirracismo que definió como "histórica" y "democrática", pese al rechazo de la oposición conservadora, empresarios y organizaciones de periodistas que la calificaron como un atentado a la libertad de expresión.
Tras la promulgación y sin darse por derrotados, unos 60 periodistas levantaron las huelgas de hambre que realizaban en todo el país y anunciaron que elevarán su protesta a organismos internacionales pues consideran que la ley viola varios convenios.
Morales, primer mandatario indígena del empobrecido país, firmó la ley rodeado de autoridades y dirigentes sindicales e indígenas sólo horas después de que el Senado, dominado por el oficialismo, la sancionara en una maratónica sesión.
"Son más de 500 años de racismo, con 185 años de vida estatal, 184 años de Estado colonial y un año de Estado plurinacional, por fin aprobamos una ley para luchar contra el racismo y la discriminación", proclamó Morales.
La ley se sumó a media docena de leyes estructurales aprobadas en lo que va del año, en un acelerado proceso de aplicación de una nueva Constitución de línea indigenista y socialista que dio paso en diciembre del 2009 a la reelección de Morales y a la conformación de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional en vez del viejo Congreso Nacional.
Comunicadores han protestado con movilizaciones y huelgas de hambre, fundamentalmente contra dos artículos de la ley: Uno que dispone la suspensión de la licencia de medios que divulguen intencionalmente mensajes racistas y otro que anula, sólo para esta materia, un antiguo fuero penal que protege a periodistas.
Al anunciar el fin de los ayunos iniciados hace una semana, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, dijo que continuará la resistencia, que tuvo su punto alto el jueves cuando la mayoría de los diarios publicó sus portadas en blanco.
"Ahora lo que haremos es iniciar otras acciones como una queja formal ante la OEA sobre los efectos de esta ley, efectuar un pedido de interpretación de esta ley ante la ONU, iniciar mecanismos para mejorar esta ley y finalmente no participar en la reglamentación de esta ley", afirmó Zenteno.
"Ahora sólo nos queda tener mucho cuidado porque seguramente va a ser muy difícil acostumbrarnos a este nuevo mecanismo", agregó el dirigente.
MORALES INMUTABLE
Morales, un seguidor del venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro, restó importancia al coro de quejas de los medios, que consideró más obra de sus dueños que de sus trabajadores, y convocó a los periodistas sindicalizados a participar en la reglamentación de la ley antirracismo.
"Es una norma para que todos tengamos los mismos derechos, todos somos iguales", explicó, citando varios casos de mensajes racistas de medios y conductas racistas de varias instituciones, como justificación de la ley que nació de una iniciativa del primer diputado afroboliviano, el oficialista Jorge Medina.
"La libertad de expresión no es sinónimo de racismo, no puede ser sinónimo de discriminación (...), siempre está respetada. Dicen que sin libertad de expresión no hay democracia, pero el racismo es lo más antidemocrático", añadió.
El jefe de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, dijo que "quien no comete racismo ni discriminación, quien busca la igualdad, procura la convivencia pacífica (...), no tiene nada que temer".
La sanción de la ley había sido anunciada en la madrugada por el presidente del Senado, René Martínez, mientras en las afueras de la Cámara centenares de activistas de movimientos sociales hacían vigilia en defensa del proyecto y en rechazo a las huelgas de hambre de periodistas.
La norma quedó sancionada al ratificar el Senado el proyecto que había pasado antes por la también oficialista cámara baja.
Un comunicado del Senado dijo que la ley fue sancionada "por más de dos tercios (...), sin el apoyo de la opositora Convergencia Nacional (CN) por considerar que los artículos 16 y 23 de esa norma atentan al derecho de la información, la libertad de prensa y la libre expresión".
Agregó que los opositores intentaron sin éxito que el Senado suspendiera la aprobación de la ley y convocara en cambio a un referendo nacional sobre los dos artículos polémicos.
(Reporte adicional de Claudia Soruco. Editado por Lucila Sigal y Silene Ramírez)
